martes, 18 de mayo de 2010

Protestas en Chile contra los transgénicos


Las organizaciones de agricultores, sociales, ambientales y de consumidores abajo firmantes nos declaramos en estado de alerta y movilización, porque mientras se legisla para mitigar los efectos del terremoto, el gobierno está dando pasos para cumplir uno de los compromisos electorales del Presidente Piñera: la liberación de los transgénicos al mercado.

Este objetivo apoyado por transnacionales como Monsanto y Syngenta, avanza por vías paralelas, con dos proyectos diferentes que se tramitan en el Senado, y a través de la nueva institucionalidad ambiental ya convertida en ley de la república. La ley ahora contempla la incorporación legal de los transgénicos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por ello llamamos a ejercer una activa vigilancia y movilización transversal y nacional que obstaculice socialmente estos nefastos avances contra la biodiversidad y la salud de los chilenos.

Las bases de nuestra posición

Ante el desconocimiento generalizado sobre estas materias, exponemos a continuación algunas de las principales razones que fundamentan nuestro rechazo a los transgénicos e información acerca de la situación actual.

1. Nuevo colonialismo

La urgencia por liberar sus semillas transgénicas al ambiente, tanto aquí como en otros países de América Latina se debe a que Europa ha cerrado las puertas a los cultivos transgénicos, aplicando políticas protectoras de la salud y el ambiente. El intento de liberar los cultivos transgénicos en Chile vía diversas “regulaciones” responde a los intereses y presiones de las corporaciones agrobiotecnológicas que no pueden utilizar el territorio de Europa para sus fines e inician así una nueva forma de colonialismo.

Los cultivos transgénicos son dañinos para la flora y fauna, el suelo y la salud humana. Hasta ahora ninguna empresa biotecnológica ha presentado estudios que comprueben la inocuidad de los transgénicos en la salud humana y animal. Por el contrario, cada vez se suman más estudios que demuestran que son una gran amenaza para la salud y el ambiente, lo que genera gran incertidumbre y medidas precautorias en todo el mundo. Pero las autoridades no atienden esas razones ni se muestran interesadas en resguardar los cultivos orgánicos y tradicionales de los productores, no obstante su reconocida calidad a nivel internacional.

2. La amenaza inmediata

El proyecto de ley sobre “Derechos de Obtentores Vegetales” que tras su nombre oculta la privatización de la semilla nativa, cumple en demasía las nefastas condiciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esta iniciativa es un requisito previo para la firma de un convenio internacional llamado UPOV 91 sobre propiedad intelectual de plantas. Abre las puertas a la expropiación y a la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile al posibilitar que haya derechos de propiedad intelectual sobre todas las especies vegetales, que podrán ser registradas por las compañías transnacionales por más de 25 años en el caso de árboles y vides, por ejemplo. Los llamados “derechos de obtentores" son justamente un tipo de propiedad intelectual sui generis sobre las plantas. La propiedad intelectual es por definición un privilegio, y se está legislando exclusiva y precisamente para garantizarles mayores ganancias a las transnacionales monopólicas en desmedro del desarrollo de otros importantes sectores agrícolas nacionales.

Este proyecto contra la semilla nativa fue aprobado de forma escandalosa en la cámara baja el pasado 9 de enero de 2010, justo un día antes que asumieran los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados. Las prevenciones de organizaciones campesinas, agricultores orgánicos, sociales y ambientalistas presentadas ante la Comisión de Agricultura fueron desechadas por los parlamentarios. Ellos empeoraron aún más el proyecto al extender también a 25 años los derechos de "protección" para árboles y vides ya inscritos de acuerdo a la ley anterior (Nº 19.342), que hasta ahora sólo eran válidos por siete años.

El registro que se abrirá con la nueva ley incluirá tanto las variedades nativas como las híbridas y transgénicas obtenidas a través de la biotecnología, resguardando los intereses de las empresas transnacionales exportadoras de semillas, entre ellas Monsanto y Syngenta junto a sus socios locales. Abusando de este tipo de leyes, Monsanto hoy está pidiendo en Estados Unidos patentar la carne de cerdo criado con alimento transgénico, como si la carne fuera un descubrimiento de su propiedad. Al asegurar en Chile esos derechos, se expandirá aun más el negocio de los transgénicos y los farmacultivos de la biotecnología, hoy todavía limitado a la exportación de semillas. Eso afectará todos los cultivos, tanto orgánicos como convencionales puesto que es imposible la coexistencia entre cultivos orgánicos, convencionales y siembras de transgénicos. La contaminación de los cultivos alimentarios tradicionales a través de la polinización o por el transporte o los residuos es un grave problema que afecta a toda la comunidad nacional e internacional: cada año se presentan nuevos casos de contaminación genética por transgénicos. En el 2007 se presentaron 39 nuevos casos de contaminación en 23 países. Hasta ahora en Chile no hay ninguna regulación que obligue a la industria biotecnológica a informar los daños y las pérdidas financieras que causan los transgénicos.

La aprobación de esta ley despojaría a los campesinos de su derecho a disponer libremente de su cosecha. Los cultivos de todos los agricultores podrán contaminarse con transgénicos, y el precio de los alimentos subirá impactando finalmente a todos los consumidores. También habrá impactos negativos en la salud y el ambiente, ya que los cultivos transgénicos están asociados a un aumento en el uso de plaguicidas y a efectos en la salud de las personas y daños a la biodiversidad.

3. Transparencia cero

La expansión de los cultivos transgénicos para exportación, autorizados por SAG, sigue caracterizándose por el secretismo y la falta de protección, ya que esta entidad se niega históricamente a dar a conocer los sitios exactos de localización de los cultivos y el Consejo para la Transparencia lleva un año sin responder el recurso de amparo planteado por RAP-AL contra el SAG por este tema.

El gobierno actual no ha entregado información sobre la temporada 2009/2010. De acuerdo a datos oficiales proporcionados para 2008/2009, los cultivos de semillas transgénicas para exportación alcanzaron un total de 30.447,04 hectáreas de maíz, soya, y canola (raps) que son los más extendidos, seguidos por cartamo, remolacha, vid, cebada, tomate, zapallo y alfalfa, en este orden.

Respecto de la temporada anterior (2007), el crecimiento fue de un 24,5%, totalizándose 5.982,9 hectáreas más de este tipo de cultivos, donde el maíz ocupa el primer lugar. La región del Maule, con 15.049 hectáreas encabeza el ranking, seguida por la región de O'Higgins –donde ya se copó la superficie de siembra - con 7.888,89- y la Metropolitana, con 2.949,11 hectáreas. En regiones como Arica y Parinacota, y Coquimbo, que no tenían antes cultivos transgénicos, en la temporada informada por SAG se sembraron 52,91 y 156,20 hectáreas respectivamente. En la sureña región de Los Ríos también irrumpieron los transgénicos ocupando 758 hectáreas, mientras en la Araucanía la cifra se eleva ahora a 2.192 hectáreas.

4. La privatización de la semilla nativa

La desprotección frente a esta expansión sin protección para la agricultura orgánica, se agudizará si se aprueba la ley de privatización de la semilla. Toda especie nativa que actualmente es parte de nuestro patrimonio y nuestra biodiversidad, y por tanto se puede reproducir y usar libremente, podrá tener un dueño y ser por tanto propiedad intelectual - propiedad privada - de empresas nacionales o extranjeras. Para los efectos prácticos, el resultado es muy similar al generado por una patente.

El requisito planteado por este proyecto a estas corporaciones transnacionales y sus socios de Chile, es simplemente presentar un grupo de plantas relativamente homogéneas y que no estén registradas previamente. También deben ser “nuevas”, pero la ley considera nueva toda especie no registrada antes. Así pueden apropiarse de un patrimonio colectivo que es fruto del trabajo de comunidades campesinas e indígenas, donde especialmente las mujeres han guardado, mejorado y reproducido la semilla por generaciones y generaciones. De este modo se desconoce que en definitiva, las semillas son nuestro patrimonio como país.

Aprobar este proyecto no hará más competitivas a las exportaciones agrícolas chilenas, por el contrario puede significar el cierre de mercados que exigen productos no transgénicos y libres de residuos de plaguicidas, es decir alimentos sanos e inocuos, dignos de un país que pretende convertirse en una potencia agroalimentaria y donde los consumidores también son cada vez más conscientes de sus derechos.

Las amenazas que enfrenta Chile como resultado del menor crecimiento económico, la cesantía y otros efectos del terremoto nos comprometen a intensificar nuestros esfuerzos para contribuir a asegurar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo y defender la salud y calidad de vida de todos los chilenos y chilenas y de las generaciones por venir, amenazados por estos proyectos de liberación de los transgénicos.

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